Así mismo también parece que se va a producir un cambio de la política lingüística en Euskadi donde no habrá limitaciones para acceder a la función pública por la lengua, salvo si el perfil lingüístico lo requiere por la labor a realizar. Aquí tenéis los links:

Diario LaRazon

Diario Elpais 

Evidentemente aquellos candidatos que conozcan las lenguas cooficiales en aquellas comunidades autónomas que las posean podrán ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Eso es una realidad y es innegable. Ahora bien, ¿debería baremarse positivamente este conocimiento o exigirse como una condición sine qua non?. ¿Vulnera el principio de igualdad, mérito y capacidad la exigencia del conocimiento de estas lenguas cooficiales?
 
 Otra noticia reciente y relacionada es la siguiente:
 
El Gobierno quiere "culminar" este año la adaptación a las lenguas cooficiales de las webs de todos los ministerios y de los organismos públicos dependientes, así como la traducción a estos idiomas de todos los impresos y formularios de la Administración General del Estado en las Comunidades con lengua propia.
http://www.expansion.com/2009/03/11/funcion-publica/1236775240.html
 
Si atendemos al artículo 3.3 de nuestra constitución ("La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección") sería una obligación dicha medida, ahora bien, ¿Está justificada esta inversión (desarrollo, formación, inventariado de quejas y reclamaciones lingüísticas) en el contexto actual de austeridad anunciado?
 
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